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Historia Digital
, XIX, 33, (2019). ISSN 1695-6214 © Lorenzo Silva Ortiz, 2019
P á g i n a
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beneficio posible durante la práctica de un ejercicio profesional que en
cualquier momento podía llevarles de cabeza a la tumba o a mendigar como
tullidos sin esperar los
honores
y gloria
prometidos a aquellos que luchaban
en los ejércitos del rey.
Se ha argumentado que la escala en la que se libró la Guerra de los
Treinta Años, con su vasto alcance a lo largo y ancho de la mayor parte de la
Europa occidental, habría sido imposible sin contar con contratistas militares
que proporcionasen capital y recursos organizativos (Tallet 1992, 78). Estos
empresarios de la guerra proporcionaban sus ejércitos al estado que los
solicitaba mediante una contratación a crédito, teniendo soportar ellos la
mayor parte de los gastos iniciales de la campaña, contando siempre con la
esperanza de recuperar parte de sus pérdidas en
contribuciones,
o lo que es
lo mismo, en forma de botín y saqueo tomado de la población civil (Wilson
1999, 190-191). Estas prácticas, carentes de control administrativo o aparato
recaudatorio alguno más que el que pudieran imponer los mandos, terminaba
por convertir a las prácticas violentas en la herramienta más eficiente para
realizar la tarea (Hornstein, 2005).
Si realizamos una categorización de los elementos que eran objeto de
botín durante la Guerra de los Treinta Años podemos distinguir entre dos
categorías de bienes materiales confiscados por soldados y oficiales durante
la contienda. El primero y más permisible –o fácilmente justificable-
englobaba a aquellos objetos materiales tomados a los soldados enemigos
muertos o capturados en batalla, mientras que el segundo tipo, más dudoso
moralmente hablando y más complicado de justificar, fue el tomado injusta y
violentamente en las poblaciones a los civiles.